El artículo 117 de la misma comienza por:"La justicia emana del Pueblo...."; Cualquier razonamiento simplista cómo el mío, deduce rápidamente que Justicia y Pueblo han de sintonizar. Todas las acciones del ejecutivo han de .. o debieran estar encaminadas en este sentido, mantener esa sincronía cómo mandato expreso de nuestra Constitución.
Dicho esto nos miramos en la realidad, el día a día nos proporciona las noticias que el sistema judicial español produce. La percepción de la ciudadanía no "cuadra" con este mandato, pues hemos contemplado, reiteradas veces, cómo según de quién se trate, del momento o coyuntura, del interés o desinterés político..., las sentencias o resultados son diferentes, es decir se aplica la justicia según y cómo.
He de centrarme en los casos de corrupción de nuestros representantes en activo o en ejercicio, en los propios partidos políticos, organizaciones afines o extensiones, cómo empresas públicas, fundaciones, entes, .... etc.
Observo la cantidad de trabas que en primera instancia se presentan para poder instruir causas contra esta gente, además el corto tiempo establecido para que prescriban los presuntos delitos que cometen, la falta de legislación para poder inhabilitar cautelarmente a estos presuntos especímenes.
Ya se han procurado leyes, así mismos, para eximirles de responsabilidades, ambiguedades en la gestión, para que le Ley les deje amplias puertas abiertas por donde escaparse.
Una vez concluido el preámbulo o puesta en escena, comento el motivo que me insta con este articulillo.
En los juicios contra este perfil de gente, debe haber una representación popular con bastante peso específico, pues cómo dice la Constitución debe haber "sintonía" en el resultado final.
El problema es que el mismo Gobierno o ejecutivo, garante del cumplimiento de este artículo, el 117 y de todos por supuesto, no le interesa, es así cómo gracias al blindaje paulatino y "sostenible", se ha generado la degradación no sólo de la clase política sino de las instituciones democráticas cómo víctimas y sin culpa alguna de tal fenómeno, triste y deleznable.
La cuestión es que no se pueden ir de "rositas" y ha llegado la hora de que el Pueblo "controle" con su presencia y vínculo en los juicios contra estas personas. El ejecutivo o representantes electos, nunca deben considerarse por encima de quienes representan, o dicho de otra manera el Pueblo es mayor de edad, y sin duda alguna el futuro, para lo bueno y lo malo lo decide el Pueblo.
Otra cara de este asunto, no judicial, pero si conveniente, es la exigencia en el control del nivel de formación que ha de acreditarse para poder ser designado en cargos de responsabilidad. Cualquiera que no consiguió una formación profesional y ejercerla un tiempo, no puede decidir sobre el futuro de millones de familias. Los "don nadies" o los "titulados por la universidad de la vida" que abundan en política, son una de las causas de la degeneración de su propia especie y del rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Otra cuestión para que la política deje de ser un chollo es la revisión de los sueldos, no podemos nombrar director general a personas que solo tienen el certificado de estudios primarios y mucho menos ponerle un sueldo de ese nivel, el cargo no titula al indocumentado. Y cuando sea sustituido vuelvan a su casa incorporándose a su antiguo puesto de trabajo o actividad profesional, y este es el problema para muchos, que no trabajaron en su vida. A lo largo de la democracia, se han instalado esta gente en cargos "fabricados" para mantenerlos dentro de la política, pue no tienen donde ir, o si lo tienen no ganan tanto, sea prestigio o dinero, así es que existe una carga ascendente en los presupuestos para mantener a esta gente. Aún en tiempos donde quitan pagas enteras, suben impuestos,... donde la situación social es denigrante, siguen manteniendo estos cortijos y si no es suficiente nos seguirán estrujando.
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